Agua: ¿ de quién y para quién?
Colombia es uno de los pocos países donde la oferta hídrica, vista como un todo, no es deficitaria. Es tres veces mayor que la de América Latina y seis veces mayor que el promedio mundial. Las últimas grandes reservas de agua del planeta son la Amazonia y los Andes, de manera que nuestra posición geográfica nos privilegia frente a la demanda mundial creciente –cada veinte años se duplica el consumo de agua en el planeta, mientras la deforestación y la contaminación avanzan. La prestación del servicio es por lo tanto un negocio cada vez más atractivo; el comercio global de agua equivale a un 40 por ciento de negocio petrolero en el mundo. Estos son algunos de los datos que consigna el libro Colombia: ¿un futuro sin agua?, lanzado hace dos semanas y editado por Ecofondo, el Foro Nacional Ambiental y Ediciones desde abajo.
La población colombiana, sin embargo, tiene cada vez más dificultades para acceder al agua. Según el IDEAM, en el 2025 el 69 por ciento de la población colombiana sufrirá escasez severa de agua. Los datos ya indican que en los últimos cinco años, el porcentaje de ciudadanos con conexión a acueductos ha disminuido en un cinco por ciento en promedio, y esta disminución ha sido mayor para la población rural y de ciudades pequeñas que para la de las grandes ciudades.
A la vez, la privatización de la prestación del servicio ha aumentado en el país, con el apoyo de la legislación, que le da cada vez más piso a la apropiación por parte de capitales privados al manejo del agua, desde las fuentes hasta el suministro. La ley del agua, retirada luego de ser aprobada por la Comisión Quinta de la Cámara, promovía concesiones de larga duración, restringía los espacios de participación ciudadana y las posibilidades de descentralización para la gestión. Según el libro citado, ‘subordina el derecho humano al agua a los intereses comerciales empresariales’.
El libro resulta de una campaña adelantada por Ecofondo desde 2005 durante la cual se realizaron diagnósticos sobre la situación del agua en doce regiones del país, se reunieron cientos de organizaciones locales y regionales y se firmaron más de dos mil declaraciones contra las privatizaciones. El argumento principal del libro, y de la reforma constitucional que promueve la campaña, es que el agua debe ser un derecho humano consagrado constitucionalmente, para contrarrestar la tendencia, que ya se empieza a manifestar, a que la capacidad adquisitiva de los colombianos condicione su capacidad de acceder al agua potable.
Que el deber del Estado sea garantizar que el agua se distribuya equitativamente, que frente a su escasez los más vulnerables estén protegidos, que se den las condiciones para que los ciclos ecológicos que la producen continúen funcionando, no es un argumento novedoso. El mismo consenso se manifestó en el foro que se llevó a cabo sobre el tema en el Congreso la semana pasada, en torno a la producción agroindustrial: el Estado debe garantizar, a través normas e instituciones, seguridad alimentaria para todos los colombianos, distribución justa de la tierra, impacto ambiental mínimo. Urge un ordenamiento territorial que sea un vehículo de estas garantías. El Estado debe mediar frente a los intereses particulares y abogar por el bienestar común. Los particulares, por supuesto, seguirán defendiendo sus negocios.
Lo que sí es un punto crítico es qué capacidad real tiene el Estado para hacer valer los derechos de los ciudadanos y proteger sus ecosistemas frente a intereses de monopolios y multinacionales - respaldados por políticas de organismos multilaterales-, cuando en el país se encuentran reservas de recursos vitales que escasean en el mundo: agua para vivir o tierra cultivable. Más crítico todavía parece el asunto cuando hay evidencia del progresivo debilitamiento del sector ambiental en los últimos años (la institucionalidad, los espacios de participación para la toma de decisiones) y la creciente fe en el sector privado para manejar los recursos naturales.
Written by admin on Mayo 10th, 2008 with
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